Socio-Administrador
Lima 19 de junio de 2016
Una de las noticias más crueles de la semana que pasó fue en la cual "el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la insistencia del proyecto de ley que permitiría el retiro de hasta el 25% de los fondos en una AFP para comprar un inmueble o amortizar el pago de un crédito hipotecario" (Véase Diario Gestión, Resumen Semanal, 18-06-16). ¿Y por qué cruel?
Ocurre que desde hace un buen tiempo se está distorsionando o desnaturalizando el sistema privado de pensiones, volviéndolo más popular y/o más sesgado al consumo-inversión presente que al futuro. Se afirma que es un tema de libertad, que definitivamente debe ser tomado en cuenta, pero sopesado con muchos otros valores constitucionales, más difíciles de entender, de explicar y de justificar por los que sólo son abogados.
La más reciente mutilación, pero tal vez no la última, es aquella que permite el retiro en el presente del 25% para pagar un inmueble o amortizar un pago de un crédito hipotecario. Aunque debe precisarse que, afortunadamente, dicho dinero permanecerá dentro del sistema financiero, por lo que en principio este no se debilitaría, asumiendo que ello no tendría efectos significativos en el nivel de apalancamiento de las empresas constructoras-inmobiliarias.
La lógica simplista es clara, si el trabajador aportante tiene un dinero ahorrado forzosamente, debe tener un derecho de disponer de él (¿?), por excepción al menos, de un porcentaje razonable del mismo, para una necesidad tan o más imperiosa que su subsistencia: Su vivienda.
¿Realmente estamos en una situación donde se está incrementando la demanda real y/o estructural de viviendas de modo que este mecanismo está ayudando que dicha necesidad se satisfaga? ¿O bien lo que se está haciendo indirectamente es proteger al sector construcción-inmobiliario para que este no caiga en crisis debido a una sobre oferta que, a todas luces, es peligrosa?
Sería genial si el problema fuera tan simple como facilitar a la población a acceder a la vivienda amparado en su libertad de decidir, lamentablemente sólo los ojos de la ignorancia económica puede limitar los problemas a una esfera tan reducida. Aunque, en ese orden de ideas, no debe sorprender que la insistencia venga del propio Congreso, sobre todo por congresistas eternos con un toque superficialmente social.
Ahora bien, como nada es perfecto, sí es necesario recalcar que la ley de AFP fue una ley innecesariamente más oculta y enredada (con el sistema de seguros) que compleja, y que parte de un principio individualista, con una una idea de que "las rentas y las pérdidas deben individualizarse", cuando la lógica de las masas o bien es de rentas individuales y pérdidas sociales (grupo X) ó de "rentas sociales y pérdidas individuales" (grupo Y). ¿Quién son el grupo X y el grupo Y? A estas alturas del debate, creo que el lector puede sacar sus propias conclusiones.
Y para terminar, de seguro la historia no termina aquí pues aún falta dilucidar que pasará con el concepto de pensión mínima para los afiliados al sistema privado, y de ser procedente, quien financiará ésta: las AFP, las empresas de Seguros, el Estado o un fondo ad-hoc para estos fines. Si bien por la propia naturaleza financiera y de riesgo de las cosas, la empresas de seguros deberían jugar con éstos, pero como son tan elevados (el hecho de no juntar suficiente para tener una pensión decente) probablemente no van a acceder, a menos que exista nuevamente una insistencia, por supuesto.
De otro lado, las AFPs ya poco o nada quieren jugar en un escenario progresivamente adverso, así que sólo quedan el Estado y el fondo ad-hoc, el cual podría ser privado o público. Sea cual fuere la solución seguiremos en una etapa de mutilación pseudo-justificada de un sistema tan especialísimo como masivo, tan técnico como popular y, aunque suene contradictorio, tan justo (para los adecuadamente empleados) como injusto (para los subempleados y otros). ¿Se justifica entonces?
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