Managing Partner
Paris, Diciembre 2016.
Los que fuimos estudiantes de Derecho pensábamos en un inicio que el Derecho trataba exclusivamente de la Justicia, como objetivo básico de una sociedad. Posteriormente, algunos se quedaron apegados al concepto de Justicia-Ley, esto es, que todo lo que está en la Ley, en principio es justo, o por lo menos intenta serlo.
No obstante, luego de unos años, aprendemos que lo justo es defender a un cliente que se le acusa injustamente de algo, o bien, existiendo ciertos argumentos de acusación, el procedimiento aplicado es por demás injusto, y de ello merece una defensa legal para combatir dicha injusticia. También encontramos casos de situaciones jurídicamente "injustas" y que con análisis jurídico específico se pueden convertir es menos injustas (o más justas).
En todo este camino más pragmático encontramos los intereses personales de los clientes, los cuales importamos, de modo que podamos defender, mejorar o anticipar situaciones jurídicas con mayor eficiencia y eficacia. Esos intereses personales, en principio, presuponen la existencia de una situación injusta que es necesario cambiar o prevenir.
¿Pero qué ocurre si dicha situación realmente no es injusta, por lo menos desde un enfoque más general y menos subjetivo? ¿Qué ocurre cuando lo que se desea solamente es la optimización de una situación jurídica, es decir, a pesar de ser justa (relativamente), se observa que puede ser aún más favorablemente justa para el cliente? No hay un criterio único que diga cuáles son exactamente los niveles de justicia existentes y como debe entenderse realmente esta relatividad de la justicia.
De otro lado, ¿qué ocurriría si todo este interés de optimizar una situación justa a una más favorablemente "justa" recae exclusivamente en el operador jurídico, dígase abogado? Dado que el abogado sabe como puede trasladarse una situación menos justa a una más justa, ¿qué riesgos se presentan en este punto?
En concreto, uno de los dilemas de la práctica jurídica, es que los abogados utilicen el Derecho para mejorar sus situaciones personales (no las de sus clientes), de modo que, dentro de la ley, logren una situación de mayor bienestar. Posiblemente, muy pocos tengan objeción a ello, mientras los medios sean legales.
Así, es posible encontrar abogados que mediante estrategias de organización, presentación, ocultamiento, creación o modificación de hechos, pueden manipular la realidad jurídica (e incluso la fáctica) de modo que las situaciones jurídicas sobrevinientes cumplan con los objetivos deseados de una situación más favorable.
Empero, siguiendo a Pareto, tampoco habría problema si al seguir esta situación más favorable, no se afectara terceros (con situaciones menos favorables), aunque, valgan verdades, los abogados no tienen las herramientas socioeconómicas suficientes para realmente observar las consecuencias socioeconómicas de sus actos.
¿Hasta qué punto el hecho que un abogado utilice las herramientas jurídicas para mejorar su situación jurídica personal es válido? ¿Y de ser válido, resulta irrelevante si se afecta a otras personas? ¿Qué ocurre si lo que busca es no empeorar su situación y al mismo tiempo afectando a terceros? ¿Puede entenderse que eso también es justicia?
Los intereses personales son, pues, la motivación esencial de las cosas para la mayoría, incluyendo a los abogados. Su logro es primordial. Mientras algunos caen en el determinismo, otros, sobre todo los abogados, tienen la riesgosa oportunidad de utilizar el Derecho para conseguirlo y no siempre de la manera más "correcta". Aunque a estas alturas, sea la Ley la única que defina la línea gris entre lo lícito y lo ilícito, cosa que es bien sabida por los hombres y mujeres del Derecho.
Los intereses personales son, pues, la motivación esencial de las cosas para la mayoría, incluyendo a los abogados. Su logro es primordial. Mientras algunos caen en el determinismo, otros, sobre todo los abogados, tienen la riesgosa oportunidad de utilizar el Derecho para conseguirlo y no siempre de la manera más "correcta". Aunque a estas alturas, sea la Ley la única que defina la línea gris entre lo lícito y lo ilícito, cosa que es bien sabida por los hombres y mujeres del Derecho.
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