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De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el principal objetivo es incrementar el número de empresas estatales en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) a fin de mejorar el nivel de transparencia y gobierno corporativo. Esto a su vez permitirá, en un segundo momento, la existencia de inversionistas privadas demandantes de acciones de estas empresas.
Si bien es deseable que las empresas públicas mejoren sus niveles de transparencia, es poco probable que lo logren debido al intenso clima de corrupción que impera en las mismas. Ello indefectiblemente tendrá consecuencias muy serias en el precio de las acciones cotizadas, pudiendo afectar seriamente la estructura financiera de estas empresas. ¿Se imagina usted que hubiera pasado con el valor de la acción de Petroperú al momento de los petroaudios? Posiblemente hubiera caído estrepitosamente afectando muchos otros sectores económicos.
De acuerdo con el MEF las mejoras en la legislación para este proyecto de expansión de la presencia de las empresas públicas en le BVL se enfocan en los límites a la participación de los inversionistas privados en la estructura accionaria. Definitivamente nadie desea que las empresas públicas, se conviertan progresivamente en empresas privadas sin que haya existido un proceso de privatización ordenado. En efecto, los mercados financieros de acciones pueden generar cambios en los propietarios de empresas en plazos sumamente cortos, demasiado rápido para un aparato estatal como el peruano.
Finalmente, es necesario revisar los motivos por los cuáles el MEF desea implementar este proyecto de incrementar el capital de las empresas. Una posible razón es disminuir la presión por la asignación de recursos públicos para el financiamiento de gastos de capital o gastos corrientes, en empresas con un importante nivel de endeudamiento. No obstante, la presencia de inversionistas privados no sólo conlleva a una mejora financiera en la relación capital-pasivos, sino también otros derechos de accionistas en la marcha y dirección de las empresas. En este sentido, nada asegura que los inversionistas privados deseen desembolsar montos importantes sin realizar reformas drásticas en las empresas públicas, reformas tan complejas que escapan de los alcances de las normas de transparencia y gobierno corporativo que promueve la Conasev y la BVL. Del mismo modo, nada asegura que una de sus prioridades sea el reconocimiento y pago de los principales pasivos de las empresas, así como el mejoramiento del clima laboral dentro de las mismas, ni siquiera la mejora en la calidad del servicio o producto que ofertan.
Esperemos simplemente que MEF y sus asesores legales hayan pensado en todos los riesgos legales de este proyecto de emisión de acciones a fin de evitar lamentables sorpresas que escapan del ámbito económico.
Por: José-Manuel Martin Coronado
Socio Principal
Estudio Martin Abogados
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