Hace unos 5 años, en el diario Expansión (España), el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, aseguraba entonces que vigilar la evolución de los costes salariales es "clave" para que la Eurozona no siga perdiendo competitividad y defendió la necesidad de coordinar medidas para afrontar este problema, aunque respetando la soberanía de cada país. Días atrás, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE) reiteró lo mismo, haciendo incapie en que la legislación laboral sobre protege a los mayores y desprotege a los trabajadores jóvenes.
Desde hace muchos años se sabe que una cosa es el salario del trabajador y otra los costos totales que implica tenerlo. Para algunos, la solución práctica ha sido hablar y negociar en términos brutos (todo incluido) y que sea el trabajador el que calcule cuanto es lo que recibirá mensualmente. No obstante, esta regla práctica no parece ser muy útil en países con sueldos muy bajos cercanos al salario mínimo o en muchos casos con tendencia al salario promedio. De otro lado, el trabajador que necesita un flujo de caja mensual no desea hablar en términos brutos sino en netos, es decir, necesita saber cuanto es lo que efectivamente recibirá a finales de cada período trabajado. Esta eterna divergencia hace que el tema de los costos salariales (también conocidos como sobrecostos ó costos extra-salariales) no cese de existir.
Ahora bien, los mencionados costos no sólo hacen referencia a aquellos que van de la mano con la actividad laboral, sino también a otros que podría denominarse "improductivos", tales como las vacaciones y/o gratificaciones truncas y la indemnización por despido, las cuales hacen que sea costoso, en términos de valor presente, prescindir de un trabajador que no es productivo. Empero, existen dos principios jurídico-laborales igual de improductivo, aquél de la condición más favorable y el de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, reconocidos en el derecho laboral comparado.
Por lo tanto, existe claramente un trade-off entre flexibilidad laboral y protección de derechos laborales, ante lo cual sólo un país con sindicatos inexistentes (o legisladores no protectores de sus electores trabajadores) podría aspirar a renunciar a una menor protección por una mayor flexibilidad.
Aunque, todo lo anterior presupone que una mayor flexibilidad es mejor que una menor flexibilidad, dado que eso permitiría una mejor asignación de los recursos humanos, cuando en realidad lo que importa más son los costos laborales en sí mismos, por lo menos hasta que nos alejemos de las circunstancias que impiden pensar en términos brutos.
En este último caso, el mercado informal (o menos formal) mantiene esa flexibilidad tan anhelada por algunos, aunque ésta resulta aplicable tanto para los demandantes de trabajo como para los ofertantes de éste, y en cuyo caso, ingresa un nuevo concepto más fuerte, el del cumplimiento de los contratos (con su teoría opuesta, la del "incumplimiento eficiente"). Un mercado extremadamente flexible puede ser favorable para eliminar trabajadores improductivos pero también para retener a los que sí lo son, lo cual generaría inestabilidad en la fuerza laboral empleada y presiones para una especulación por inflación de salarios, entre otros efectos.
No comments:
Post a Comment