El presidente del Consejo de Ministros, anunció que el Poder Ejecutivo se encuentra trabajando en una iniciativa para introducir la responsabilidad penal de las empresas que transgredan los códigos de ética en los procesos de contrataciones con el Estado.
Al respecto, algunos especialistas señalaron que la pena sería la pérdida de un derecho, por lo que las empresas perderán el derecho, y acumularán sanciones, que podrían ir desde amonestaciones, multas hasta cierre de empresa o inhabilitación penal para contratar con el Estado. Así también habrá penas de liquidación dependiendo el acto de corrupción cometido.
Esta es una muy buena iniciativa, ya que dentro de las contrataciones estatales encontramos un conjunto de entrampados procesales, y favoritismos, así como también, diversos problemas sobre el cumplimiento en el servicio a contratar, de igual forma, habrá un mayor control respecto a la contratación que se realice en el sector salud, ya que según las estadísticas, de cada diez contrataciones que se realizan, seis son de productos farmacéuticos.
Se ha aplicado ya este tipo de sanciones en diversas legislaciones, como la chilena y la brasileña (en Sudamérica), y ha generado una mayor transparencia en los procesos, así como también, una obligación para la empresa contratada de cumplir a cabalidad con el convenio, conociendo que no podrá burlar la ley, ni salvarse de alguna sanción económica, en el margen del cumplimiento del Código de Ética.
Si bien es cierto que a una empresa no se le puede sancionar privándosele de su libertad efectiva, si se podría hacerlo privándosele de su libertad de empresa, es decir privándole de sus propios derechos, y sancionándolas fuertemente, esto logrará que dichos procesos se ejecuten de manera más transparente y eficaz.
Asistente de Investigación Jurídica
Departamento del Contrataciones Estatales
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