En enero de 2011, específicamente los días 18 y 21 durante el gobierno de Alan García, El Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 118º, numeral 19 de la Constitución Política del Perú, dictó los Decretos de Urgencia Nº001 y Nº002, los cuales otorgaban disposiciones extraordinarias a las empresas privadas con la finalidad de facilitar la inversión privada en 33 obras de concesión. Si bien estos Decretos de Urgencia, establecían que dichos proyectos debían contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), esta certificación dejaba de ser requisito para la aprobación del proyecto, por consecuencia, las autoridades decidían las autorizaciones administrativas sin poder tomar en cuenta las consideraciones ambientales y sociales que se desprendían del EIA. Es decir, lo que en primera instancia permitía mejorar el dinamismo de la economía a través de concesiones, en el mediano plazo podría ser perjudicial y causar grandes daños al ecosistema.
Hace algunos días, El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad contra los Decretos de Urgencia Nº001 y Nº002, y se supondría que causaría problemas a aquellas empresas que celebraron contratos de concesión en el marco del periodo de vigencia de esas normas. Así lo ha manifestado el constitucionalista Víctor García Toma, tras precisar que si bien la sentencia del TC no se refiere a los contratos, sin embargo lo que podría ocurrir es que se empiecen a ventilar mas demandas judiciales en la vía civil o en la vía contencioso administrativa sobre los contratos suscritos.
Parte importante de las inversiones se encuentran en el Muelle Norte del Callao, la línea 1 y 2 del Tren Eléctrico y las líneas de transmisión eléctricas. Que podrían perjudicarse por juicios a las respectivas empresas, pues como era mencionado anteriormente, la certificación de las EIA no era requisito para que el Ejecutivo acceda de permiso.
Manuel Palmi Padilla
Asistente en Investigación Económica
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