La ley de protección patrimonial a las azucareras (Ley 29299) en las que el Estado mantiene acciones, de vigencia en los años 2009 y 2010, tuvo la finalidad de “salvaguardar bienes jurídico-constitucionales más valiosos o de mayor trascendencia que los que en apariencia se estaban vulnerando”. De esa forma se evitaba que las acciones del Estado en estas empresas se vendan en el mercado, originando que las decisiones operativas y de gestión este en manos de accionistas con participación baja, quienes benefician a empresas (en compras o ventas) vinculadas con estos accionistas.
Asimismo, la ampliación de la ley solicitaba que no se obligue a las empresas a dar información financiera, económica y legal. Esto implica que estas empresas pueden seguir incrementando sus deudas, no pagando derechos laborales y sociales, o pagar sus impuestos.
De ser declarada esta ampliación constitucional, como pretenden hacerlo las empresas azucareras, originaría desconcierto en el valor de las acciones de estas empresas reduciendo su precio siendo adquiridos por debajo de su valor real, beneficiando posiblemente a empresas vinculadas a los accionistas de las azucareras incrementando el dominio sobre las tierras destinadas al cultivo de caña de azúcar por parte de un grupo reducido.
Asimismo, la ampliación de la ley solicitaba que no se obligue a las empresas a dar información financiera, económica y legal. Esto implica que estas empresas pueden seguir incrementando sus deudas, no pagando derechos laborales y sociales, o pagar sus impuestos.
De ser declarada esta ampliación constitucional, como pretenden hacerlo las empresas azucareras, originaría desconcierto en el valor de las acciones de estas empresas reduciendo su precio siendo adquiridos por debajo de su valor real, beneficiando posiblemente a empresas vinculadas a los accionistas de las azucareras incrementando el dominio sobre las tierras destinadas al cultivo de caña de azúcar por parte de un grupo reducido.
Edward Neciosup Ramos
Consultor Junior
ESTUDIO MARTIN ABOGADOS
Consultor Junior
ESTUDIO MARTIN ABOGADOS
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